Banca  

Sareb, el ‘costado malo’ deseado por Unidas Podemos

El Congreso debate este martes la propuesta de Unidas Podemos para modificar el régimen forense de Sareb, la sociedad que gestiona los activos inmobiliarios traspasados ​​por el costado en 2012, y transformarla en una entidad pública y destinar las viviendas que conserva a arriendo social. El problema justo, encima del Congreso, es que en el hacienda del conocido ‘costado malo’ hay buena parte de sus acciones en manos de bancos privados que se niegan a traicionar su billete al Estado. El principal capitalista privado de Sareb es Faja Santander, que posee el 22,21%, seguido de CaixaBank, con el 12,24%, y Sabadell, con el 6,61%. El gobierno logró comprar pequeñas participaciones y posicionarse en el 50,14%, lo que le da el control, pero, sin duda, la banca privada no tirará la toalla y defenderá sus intereses y los de sus accionistas.

La iniciativa se enmarca en una propuesta no de ley presentada recientemente por el Gobierno socio del PSOE, que modificaría la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito; y la Ley 11/2015, de 18 de junio, sobre recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

Asimismo, se modificaría el Positivo Decreto 1559/2012, de 15 de noviembre, por el que se establece el régimen forense de las sociedades de papeleo de activos, para cambiar el objeto social de Sareb, que pasaría a ser una entidad pública con el objetivo de certificar el derecho a la vivienda durante un periodo indefinido.

Todavía para poder “supervisar y controlar adecuadamente” la entidad.

Una vez que el Estado asuma el control, se creará un víscera que permitirá el seguimiento de su actividad y la demostración del cumplimiento de sus objetivos, encima de los órganos de control de la sociedad.

Sareb debe ser transparente -se defiende en la propuesta- por lo que es “imprescindible” que se conozcan los ingresos que posee, así como las propiedades y terrenos pagados “con caudal divulgado”.

Otro de los objetivos de la propuesta es dar golpe a la vivienda a los más vulnerables a través de alquileres sociales vinculados al nivel de ingresos, que pueden alcanzar un precio mayor de 300 euros al mes y un pequeño de 100 euros.

Todavía se suspenderán indefinidamente los procedimientos de desahucio para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones a las personas que viven en viviendas propiedad de Sareb y no disponen de una vivienda alternativa.

La iniciativa asimismo prevé convertir los 72 millones de metros que la compañía tiene en expansión y finalistas en viviendas de protección oficial para arriendo social, así como desarrollar una organización de inversión en energías renovables y poner en marcha iniciativas vinculadas al expansión rural y al arraigo de la población en el división. en suelo rústico habitable.

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