“No fui yo” pero igual reciben la multa

PRIMICIAS recibió al menos seis denuncias de usuarios cuyas cuentas bancarias estaban bloqueadas por cargos de tránsito. Otros, por cotizaciones “inexistentes” en Guayas y Manabí. Solo en Guayaquil existen casi 630.000 procesos coactivos.

El ciudadano Rafael Viteri ha interpuesto dos demandas por multas de tránsito en Cobertor y Guayaquil desde 2020, año de la pandemia.

Como le comentó a PRIMEROS FRUTOS, las infracciones rondan los $3,000.

“En 2020 pagué rodeando de USD 2.000 en multas a la dirección municipal de tránsito de Cobertor, por exceso de velocidad. Estaba en proceso de entregar mi transporte y no tenía carencia más que satisfacer”, dijo.

Por su trabajo, Rafael viaja constantemente a Manabí. “Hace un mes, la Agencia de Tránsito de Guayaquil me puso a disposición jurídico por una multa por exceso de velocidad ($127). La semana pasada compré uno por $29, supongo que adecuado al mal estacionamiento”, explicó.

Sucesor impugnó otras multas de $700 en Cobertor. “Como particularidad, pagué la entrada de un transporte por multas por exceso de velocidad”comentó.

En nadie de los dos casos recibió notificación, sino que envió los pagos directamente a los procedimientos de ejecución.

“No desconozco la infracción cuando se produjo, pero no hay notificación previa, sólo cuando el proceso coercitivo y tenemos que solucionarlo”, insistió. Su lucha continúa en los tribunales.

Eduardo Velázquez está pasando por una situación similar. En 2019 fue imputado por exceso de velocidad en el kilómetro 61 de la vía Bachillerato, en el sector San Antonio de Chone, provincia de Manabí.

Al igual que Rafael, los fondos fueron retenidos y presentó una demanda. Luego de casi dos primaveras de lucha, la equidad le dio la razón y ordenó a la Comisión Ecuatoriana de Tránsito (CTE) anular la infracción.

“Pero nunca lo borraron, igual tuvo que pagarlo”, dijo su hijo Gustavo, quien incluso representa a varios usuarios con casos similares.

Luego, recibió dos multas en Guayaquil por la misma causa. En total, son $500 por estas infracciones de tráfico.

“En nadie de los casos que represento se notificó a los usuarios, las empresas municipales iniciaron acciones de cumplimiento y bloquearon sus cuentas”, agregó.

Otra denuncia insólita es la de Paulo Andrade. Trabaja en una manufactura en la carretera a Daule hasta las 5 de la tarde y en abril de 2022, fue multado por exceso de velocidad a las 16:30.

“Certificó con el GPS del transporte que estaba estacionado en la manufactura en ese momento”, dijo su abogado.

Su caso incluso está en manos de la equidad porque el proceso coercitivo se inició sin previo aviso.

“Los fotoradares se estropean cada tres días, multan a un transporte que no estaba en el sitio, los suben a la web y usan juicios coercitivos”, rechazó Gustavo Velázquez.

Casi 630.000 acciones coercitivas

En la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) confirmaron las acciones y aseguraron que están amparadas por la ley.

“El cajero realiza, por mandato reglamentario, la retención de fondos el valencia de las multas; no bloquea cuentas bancarias. Es afirmar, si un ciudadano debe satisfacer US$ 28, ese monto es retenido de la cuenta luego de un proceso coercitivo”, dijo la entidad a periodistas. PRIMEROS FRUTOS.

Desde septiembre de 2021, la empresa pública comenzó a 629.514 acciones coercitivas contra 244.344 conductores. Hasta la aniversario, Se pagaron 170.758 de las deudas y 11.223, refinanciados.

La agencia explicó que lleva a punta dos pasos de demostración. “Se verifican las condiciones que configuran la infracción, velocidad detectada y calidad de imagen”.

Este postrer punto incluye fotografías del entorno, para establecer las características físicas del transporte y una enfoque a la placa de identificación del transporte y condiciones de iluminación.

En la segunda demostración se revisan las condiciones y calidad de la información e imágenes generadas en el proceso aludido.

“Si un evento reportado por dispositivos electrónicos cumple con ambas etapas, se genera la citación”, informa la ATM.

Según la entidad, se desarrollan controles permanentes para los fotoradares, que va desde el mantenimiento, controles administrativos y control de contratos; así como la demostración de su funcionamiento por un actuario.

Descubre cómo funcionan los radares fotográficos ubicados en diferentes carreteras. #Guayaquil. Respetemos los límites de velocidad #Por tu seguridad. ¡#CambiaÉContigo! pic.twitter.com/oYEyxldAvr

– Cajero automotriz Guayaquil (@ATMGuayaquil) 4 de abril de 2018

ATM recordó que los ciudadanos pueden presentar denuncias, imaginario ningún cara a cara, con los argumentos de descarga. Este proceso retardo rodeando de 30 días a través de procedimientos administrativos o judiciales.

Mientras que la Comisión Ecuatoriana de Tránsito (CTE) aclaró que el heredero Eduardo Velázquez tiene siete infracciones canceladas y una anulada. Es, insistió, el que impugnó en los tribunales.

“De existir alguna discrepancia, el heredero puede presentarla directamente en las oficinas de Manabí”, respondió en un comunicado.

PRIMICIAS cuestionó cuántos procesos coactivos mantienen por citación, pero respondió que están en etapa de transición de autoridades y que darán la información en las próximas semanas.

Durante 2021, el CTE emitió 66.320 citaciones a través de radares fotográficos en las ocho provincias bajo su responsabilidad: Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Azuay, Manabí, Santo Domingo y Pichincha.

Centros para delincuentes

La CTE inició los reajustes en dos centros de detención para los infractores de tránsito en Daule y Durán, provincia del Guayas. Esto, tras la denuncia de los familiares de los detenidos.

En este momento, los infractores son enviados al Centro de Detención Provisional (CDP), que es parte del confuso Penitenciaría de la Costa. Según informes, allí son víctimas de trastorno.

Con estas renovaciones, los centros de detención podrán tener hasta 80 personas.

Para ello, el director de la Comisión, Ernesto Pólit, se reunió con el titular de la SNAI, Pablo Ramírez, quien prometió tener los espacios listos en 60 días.

El SNAI incluso debe suministrar el aporte de funcionarios penitenciarios a los centros CTE para la custodia de detenidos.