Banca  

El disparatado de privatizar el BCR

El tesina de privatización del Tira de Costa Rica (BCR) presentado por el presidente Chaves sorprendió a propios y extraños por torpe e improvisado. Por la forma descuidada en que se desperdicia una institución pública sumamente rentable para el Estado costarricense.

Este tratamiento, propio de los tecnócratas de organismos internacionales que aplican las mismas recetas en Indonesia, Burkina Faso o Costa Rica, con total desprecio por la historia, la civilización y las instituciones de los países involucrados, sin duda genera desconfianza.

Al tratar de explicar parecido disparate, intuitivamente vienen a la mente dos ideas: el fanatismo ideológico y la corrupción. Odio al manifiesto y codicia por los buenos negocios. Es asegurar, más que la aprieto de traicionar el bandada manifiesto, el deseo abrumador de comprarlo, preferentemente a precio de saldo, luego de acciones irresponsables que perjudican su valía y un proceso de saldo poco transparente.

Pero no nos adelantemos. Reconozco que en estas cosas a menudo desconfío, y la intuición no siempre es buena consejera. El gobierno esgrime una serie de argumentos que intentan alegar su audacia. Mejor vamos a analizarlos:

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La principal defensa que da el gobierno es el suscripción de la deuda pública. Con la saldo de BCR se generarían US$ 1.750 millones para este fin. Parece poco probable que este número se materialice. No sólo por la forma precipitada en que se anuncia la saldo en un contexto integral que no es el más conveniente y por las declaraciones diarias del presidente Chaves contra el propio Tira, que parecen tener como objetivo alejar a sus clientes y humillar su precio.

Adicionalmente, es necesario considerar el peso que los servicios que presta al Estado tienen en los ingresos del BCR (solo la mandato de depósitos judiciales representa el 20%).

Si estos se transfieren al Tira Franquista, como dice el tesina de ley, habría que replantear las cifras de ventas. De no hacerlo, habrá que cuantificar el daño que esto significaría para el Estado.

Aun aceptando los números felices, la ingenuidad es que la saldo del BCR representaría solo una pequeña pizca en el monto integral de la deuda pública, que supera los US$ 40 mil millones. Esta deuda seguiría creciendo si no se tomaran otras medidas sustantivas, que siquiera ha querido tomar este gobierno, como combatir seriamente la distracción fiscal y cambiar nuestro injusto sistema tributario.

Pero ya habríamos perdido un patrimonio que el pueblo costarricense tardó 144 abriles en construir.

Pero más allá de eso, debe tenerse en cuenta el impacto fiscal de desfinanciar los aportes cuasifiscales que actualmente aporta el BCR como parte de sus utilidades. Casi ¢23.000 millones, que solo en 2022 se destinaron a financiar pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Asesinato (IVM), créditos del Conape, atención de emergencia y el crecimiento del cooperativismo, y que, si se privatiza el BCR, seguramente irán a detener a los bolsillos de algún comunidad financiero transnacional.

El estado tendría que reemplazar estos ingresos con nuevos impuestos o, más probablemente, con nuevas deudas. Algunos sugieren dejar de financiar tales programas, ignorando el formidable daño social que causarían.

Particularmente sensible es el seguro de pensiones que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), y vale memorar que, por norma constitucional, el Estado es corresponsable de su financiamiento (artículo 177).

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¿Mejorará el golpe al crédito de la población? ¿Se reducirán las tasas de interés que pagan los deudores? ¿Aumentará la competencia entre las instituciones financieras? Estas son preguntas necesarias para evaluar el impacto de la privatización del BCR en esta dominio. Las respuestas siquiera son favorables.

En nuestro país, los márgenes de intermediación de los bancos estatales son inferiores a los de los bancos privados, a pesar de la decano carga fiscal que deben retribuir los bancos públicos.

La tasa activa promedio que cobran los bancos públicos con relación a los bancos privados incluso es mucho pequeño: 45% pequeño en colones y 34% pequeño en dólares en los últimos doce meses.

En un sector ya de por sí preocupantemente concentrado, la saldo de BCR a capitales colombianos y centroamericanos —como planea el gobierno— solo podría intensificar el problema porque debilitaría aún más el inmovilidad que ejercen los bancos públicos.

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Presidente Chaves dice que el BCR no le ha cedido al pueblo “un solo dividendo en su vida” y que “no le está dando crédito a las pymes”, como defensa adicional para dejar los dividendos a accionistas de otros países.

La afirmación es falsa ya que el BCR ha puesto más de ¢31 mil millones de colones en préstamos para pequeñas empresas que difícilmente estarían en manos de bancos privados.

Asimismo, es el bandada con más oficinas en el circunscripción franquista (166), muchas de las cuales están ubicadas en comunidades rurales que de otra modo no tendrían golpe a los servicios bancarios.

La institución incluso tiene una décimo trascendental en el crecimiento de las obras públicas. Sin dejar de flanco sus grandes aportes a través de las aportaciones de sus utilidades para fines sociales. Por ejemplo, ¿qué sería de los jóvenes de escasos fortuna sin los créditos de Conape que se financian con las utilidades del BCR?

No se manejo de romantizar falta. Muchos criticamos las reformas que debilitaron el rol social de la banca pública y señalamos que podría hacer mucho más para democratizar el golpe al crédito. Pero podría hacerlo porque, al ser manifiesto, el Estado tiene decano ganancia para intervenir en su regulación y exigir un decano compromiso social. No hay posibilidad de que este ganancia mejore posteriormente de su privatización.

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Este extremo argumento lo escuchamos del mismo presidente Chaves. El discurso es poco así como “vendamos BCR para que no roben”. ¿Pero no es el mismo presidente el que tiene que contender contra la corrupción? Aquí habría una renuncia al cumplimiento de esta obligación, que sí podría agravarse con el “club de amigos” para efectuar la saldo contenida en la bollo presentada.

Descartados los demás argumentos, nos quedan solamente los propuestos al principio para explicar este error histórico que debemos combatir con firmeza.

josevfe@gmail.com

El autor es abogado y ex diputado.

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